Empresas estadounidenses intensifican su batalla legal contra los aranceles de Trump
Costco, Revlon, Kawasaki Motors y otras compañías dieron un giro decisivo en la disputa por los aranceles impuestos por Donald Trump. Tras meses de cautela, ahora recurren abiertamente a los tribunales para buscar reembolsos y frenar políticas que consideran ilegales, mientras la Corte Suprema evalúa si los gravámenes pueden mantenerse.
Un frente empresarial que ya no guarda silencio
La Corte Suprema analiza si los aranceles se emitieron conforme a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Varios jueces expresaron dudas sobre la legalidad de la medida, lo que abrió una ventana para que más empresas presenten demandas. Si la Corte finalmente invalida la política, las firmas que ya pagaron tarifas podrían tener derecho a recuperar millones de dólares.
En las últimas semanas, más de 70 compañías han presentado demandas ante el Tribunal de Comercio Internacional. Costco se sumó recientemente, seguida por Revlon, Kawasaki Motors, Bumble Bee Foods, EssilorLuxottica y otras firmas de sectores tan variados como empaques, aluminio, fitness y plomería. Todas buscan el mismo objetivo: evitar que las tarifas queden firmes antes de que la Corte emita su fallo y pierdan la posibilidad de reclamar reembolsos.
Para estas empresas, el reloj corre. Algunos aranceles se “liquidarán” en días o semanas, lo que cerraría la puerta a impugnaciones futuras. Costco señaló que el gobierno rechazó su solicitud de prórroga y que necesita una orden judicial para no quedar sin opciones. Otras compañías repiten el argumento: sin decisiones urgentes, miles de millones podrían quedar fuera de su alcance.
Un fallo con consecuencias económicas y políticas
La Corte Suprema podría resolver el caso en cualquier momento. Aunque suele tardar meses, la rapidez con la que aceptó revisar estos aranceles alimenta la expectativa de una decisión anticipada. Sin embargo, el resultado no es claro. Algunos jueces han expresado reservas sobre devolver todo el dinero recaudado; la jueza Amy Coney Barrett advirtió que un proceso de reembolso masivo “podría ser un desastre”.
El tribunal incluso podría optar por una salida intermedia: invalidar los aranceles hacia adelante, pero permitir que lo recaudado hasta ahora se mantenga. Si ocurre lo contrario y se autorizan reembolsos, el gobierno enfrentaría un desafío administrativo sin precedentes. Expertos en comercio advierten que aún no se sabe si los reembolsos serían automáticos o si cada empresa tendría que litigar para recuperar su dinero.
En Estados Unidos, los consumidores también podrían sentirse involucrados. Si las empresas recuperan lo pagado, podrían enfrentar demandas colectivas de clientes que absorbieron aumentos de precios derivados de los aranceles.
Para México, un cambio en la política arancelaria tendría implicaciones inmediatas. Una parte relevante de sus exportaciones enfrenta actualmente costos adicionales que afectan precios y márgenes. Un fallo que debilite o elimine los aranceles podría aliviar tensiones en sectores como autopartes, alimentos procesados, manufactura y bienes de consumo, y reabrir espacios para una relación comercial más estable en el corto plazo.
Con los argumentos ya escuchados y la presión empresarial creciendo, la decisión final podría redefinir tanto la política económica de Estados Unidos como el entorno comercial que México ha sorteado en los últimos meses. El desenlace queda ahora en manos de la Corte Suprema.
