Desmantelan presunta red de “aviadores” en el Estado de México; hay más de 30 detenidos
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el esquema consistía en dar de alta a personas en plazas docentes sin que desempeñaran función alguna, permitiendo el cobro irregular de salarios, aguinaldos, primas vacacionales y bonos por alrededor de cuatro millones de pesos cada quincena.
Las investigaciones derivan de denuncias presentadas por la representación legal de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) los días 11 y 26 de febrero, así como el 4 de mayo de este año, tras detectarse 459 movimientos irregulares de altas de personal.
La Fiscalía informó que varios de los investigados también se otorgaron una o más plazas docentes con percepciones cercanas a los 50 mil pesos mensuales, las cuales presuntamente buscaban conservar para efectos de jubilación o como respaldo en caso de perder sus cargos de confianza.
Estas conductas podrían configurar los delitos de abuso de autoridad y fraude, según la autoridad ministerial.
Entre los detenidos figuran dos exsubsecretarios, dos exdirectores generales, dos exdelegados administrativos, un excoordinador de delegaciones, dos delegados administrativos, un coordinador de delegaciones, dos directores de área y cinco subdirectores adscritos a las secretarías de Finanzas, Educación, Seguridad y Oficialía Mayor.
Como parte de las indagatorias, la Fiscalía señaló que el nivel de vida de varios de los investigados no corresponde con los ingresos de servidores públicos, ya que se documentaron viajes a destinos como París, Dubái, Las Vegas, China, Egipto e islas del Caribe, además del uso de vehículos, accesorios de lujo y propiedades de alta plusvalía.
Asimismo, las investigaciones revelaron que varios integrantes de la red mantenían vínculos familiares o de amistad, lo que permitía que, al dejar un cargo, fueran sustituidos por personas cercanas que continuaban con la operación del esquema.
La autoridad también detectó que los involucrados carecían de la documentación administrativa y profesional requerida, aunque sí aparecían registrados en los sistemas oficiales de administración de personal y nómina del gobierno estatal.
Según la Fiscalía, varios de los presuntos responsables participaron en el desarrollo de la plataforma de nómina “META 4”, lo que posteriormente les permitió ocupar posiciones estratégicas dentro de la administración pública para facilitar las contrataciones irregulares.
Las indagatorias también retomaron un antecedente ocurrido en diciembre de 2021, cuando uno de los ahora detenidos fue sorprendido con 164 tarjetas bancarias de servidores públicos y 180 mil pesos en efectivo, situación que entonces fue justificada por sus superiores como parte de supuestas gestiones bancarias.
La investigación sostiene que algunos integrantes fungían como “reclutadores”, captando principalmente familiares y amigos para registrarlos como docentes sin acudir a laborar.
Una vez dadas de alta las plazas, las tarjetas bancarias quedaban en poder de los operadores del esquema, quienes retiraban el dinero y lo distribuían entre los integrantes de la red. A los llamados “falsos docentes” únicamente les entregaban una pequeña parte del recurso; en algunos casos, recibían 6 mil pesos por permitir el uso de su identidad, mientras el resto del dinero era repartido entre los funcionarios de mayor nivel.
La Fiscalía indicó que incluso existían capturistas encargados de realizar las altas irregulares durante la madrugada, recibiendo pagos de hasta 5 mil pesos por cada movimiento realizado.
Las plazas eran asignadas a planteles educativos con claves de centros de trabajo inactivos ubicados en municipios como Almoloya de Alquisiras, Amecameca, Ecatepec, Luvianos, Metepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tejupilco, Texcoco, Toluca, Zinacantepec y Zumpango, con el objetivo de evitar que el fraude fuera detectado.
Además, la Fiscalía aseguró que, tras las primeras denuncias, los reclutadores instruyeron a los beneficiarios para no darse de alta en el ISSEMyM, cancelar sus cuentas de nómina y negar cualquier vínculo laboral con el gobierno en caso de ser requeridos por las autoridades.
Las investigaciones continúan para determinar la posible participación de más funcionarios y establecer si el esquema también operó en otras dependencias estatales, entre ellas la Secretaría de Salud.
