Empresas con sello del Tesoro de EU por “huachicol fiscal” tienen luz verde en México desde hace una década
A pesar de que Estados Unidos las señala como parte de una red de contrabando de combustible vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los registros oficiales en México revelan que tres de estas empresas operan con permisos federales desde hace al menos diez años. Las compañías —Soma Transporte y Servicios, Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution— obtuvieron autorizaciones de la Secretaría de Energía y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes entre 2016 y 2024, lo que les ha permitido comercializar petrolíferos, importar diésel y transportar carga peligrosa en carreteras federales.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), incluyó a estas empresas en un bloqueo financiero el pasado 30 de junio, al considerarlas parte de una estructura que introduce combustible de manera ilegal a México, evadiendo impuestos mediante la declaración falsa de mercancías en aduanas. Esta práctica, conocida como “huachicol fiscal”, ha generado pérdidas millonarias para el fisco mexicano y habría financiado, según autoridades estadounidenses, actividades del CJNG y campañas políticas en México.
Las sanciones de la OFAC también alcanzaron a los empresarios Oscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagómez, identificados como operadores clave de la red. Mientras tanto, el gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha exigido a Washington presentar pruebas concretas, especialmente sobre el supuesto financiamiento a campañas electorales, del que aseguran no tener información previa.
El caso cobró relevancia luego de que, en 2025, se destapara una presunta red de corrupción en la Secretaría de Marina, vinculada al contrabando de combustible en la aduana de Matamoros, Tamaulipas, y que involucraba a altos mandos navales. En ese contexto, la OFAC y la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN) reportaron más de 160 avisos de operaciones sospechosas por 7 mil millones de dólares entre mayo de 2025 y mayo de 2026, con especial incidencia en los estados de Texas y Florida.
Aunque el huachicol fiscal es operado por cárteles mexicanos, las autoridades estadounidenses también han detectado la participación de empresas locales que facilitan la compraventa de combustible al crimen organizado y su ingreso irregular a México.
