Organizaciones exigen frenar ataques de EE.UU. contra embarcaciones ecuatorianas
Más de una decena de colectivos suscribieron un pronunciamiento en el que expresaron preocupación por una serie de intervenciones realizadas desde finales de agosto, en las que autoridades estadounidenses han interceptado y destruido embarcaciones señaladas por presuntos vínculos con el narcotráfico y la organización criminal Los Choneros.
Los grupos denunciaron que las operaciones han incluido abordajes violentos, detenciones, incomunicación, presuntos malos tratos y la destrucción de barcos pesqueros. También señalaron que varios de los hechos ocurrieron en rutas utilizadas habitualmente por pescadores, incluso en aguas internacionales.
De acuerdo con las organizaciones, al menos 143 pescadores estarían involucrados en ocho incidentes registrados durante 2026. Sin embargo, Estados Unidos y Ecuador han reconocido oficialmente cinco operaciones efectuadas entre finales de agosto y el 7 de septiembre.
La controversia aumentó luego de que un juez ecuatoriano ordenara la liberación de 28 pescadores detenidos durante las operaciones contra los barcos Conquista 2 y OM2, al considerar que no existían elementos suficientes para acreditar la comisión de un delito.
Los defensores de derechos humanos cuestionaron que las autoridades sostengan que las acciones están respaldadas por investigaciones e información de inteligencia, pero no presenten procesos judiciales formales que sustenten las acusaciones contra los tripulantes.
Las organizaciones también pidieron investigar la actuación del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, a quien declararon persona non grata, y solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares urgentes para proteger a la comunidad pesquera de la provincia de Manabí.
En contraste, los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos han defendido las operaciones como parte de una estrategia conjunta contra el narcotráfico. Washington sostiene que algunas de las embarcaciones funcionaban como puntos de abastecimiento para lanchas utilizadas para transportar drogas.
La ofensiva marítima ha generado una creciente polémica en la región debido al uso de fuerza militar y a las denuncias sobre posibles violaciones a los derechos humanos.
