Washington castiga a relatora de la ONU que denunció genocidio israelí en Palestina
La decisión fue anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien justificó la medida señalando que Albanese ha promovido “esfuerzos ilegítimos y vergonzosos” para que la Corte Penal Internacional actúe contra funcionarios y empresas tanto de Israel como de EE.UU. Rubio, desde su cuenta en X (antes Twitter), aseguró que “la guerra política y económica” de la relatora “ya no será tolerada”, y reafirmó que su gobierno “protegerá su soberanía y la de sus aliados”.
Sin embargo, lo que Albanese ha denunciado no son teorías ni propaganda: ha calificado la situación en Palestina como “apocalíptica”, y acusó a Israel de estar llevando a cabo “uno de los genocidios más crueles de la historia moderna”, con más de 200 mil víctimas entre muertos y heridos. Afirmó que el pueblo palestino está siendo sometido a un sufrimiento inimaginable, mientras el ejército israelí desmantela los canales de ayuda humanitaria y convierte la llamada “Fundación Humanitaria de Gaza” en lo que describió como “una trampa mortal para forzar la huida o eliminación” de una población exhausta.
Albanese también denunció que Israel ha utilizado esta guerra como laboratorio de pruebas para nuevas tecnologías de exterminio: vigilancia personalizada, drones letales, sistemas de radar y armamento de última generación aplicados contra una población indefensa.
No es la primera vez que la relatora lanza acusaciones de este calibre. Ya en agosto de 2024, declaró que la Franja de Gaza se había convertido en “el campo de concentración más vergonzoso del siglo XXI”. Y en marzo del mismo año, presentó un informe en el que argumentó que Israel ha incurrido al menos en tres de las acciones tipificadas por la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio: asesinato, daños físicos y mentales graves, y la imposición de condiciones de vida diseñadas para la destrucción física total o parcial del pueblo palestino.
Las sanciones contra Albanese no son otra cosa que una advertencia contra quienes se atreven a denunciar al poder. Mientras Estados Unidos se presenta como defensor de los derechos humanos, castiga a una funcionaria que ha tenido el valor de decir, con todas sus letras, que lo que está ocurriendo en Palestina no es una guerra, sino un crimen de exterminio.
