Selva Maya en la mira: gobierno y Greenpeace sellan pacto para defenderla
La Selva Maya late como el corazón verde de México y de toda Mesoamérica. Es el segundo bosque tropical más grande del continente, refugio de jaguares, tapires y guacamayas, además de sostén cultural de pueblos mayas que desde hace siglos cuidan este territorio. Hoy, esa riqueza enfrenta un peligro creciente: la deforestación, los megaproyectos turísticos, la agroindustria y la minería avanzan sobre un ecosistema que resulta clave para frenar la crisis climática.
En este escenario, la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) y Greenpeace México anunciaron la instalación de mesas de trabajo con autoridades de los tres niveles de gobierno, especialistas y comunidades, para diseñar un ordenamiento ecológico integral en la Península de Yucatán. El acuerdo llega tras una protesta en la Estela de Luz, donde activistas desplegaron un mensaje contundente: “La Selva Maya grita. Semarnat, ¡sálvala!”.
Del reclamo a los compromisos
Aleira Lara Galicia, directora ejecutiva de Greenpeace México, recalcó que la Selva no puede seguir viéndose con lógica mercantil: “Llevamos la voz de miles de mexicanas y mexicanos preocupados por la Selva, de especialistas que advierten su deterioro y de comunidades cuyo entorno está siendo trastocado”.
Semarnat reconoció los retos: el crecimiento urbano ligado al turismo, los cambios de uso de suelo y la necesidad de actualizar los instrumentos de ordenamiento. Señaló avances como clausuras a proyectos inmobiliarios ilegales, la cancelación de una granja porcícola en Yucatán, el monitoreo de 39 Áreas Naturales Protegidas y la creación del Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya junto con Belice y Guatemala.
Greenpeace exigió que el diálogo se traduzca en hechos concretos: suspender nuevas autorizaciones de impacto ambiental a megaproyectos hasta que haya un marco de protección sólido. Recordó que casos como Cemex en Tulum, la minera Calica y las obras del Tren Maya son heridas abiertas que ponen en duda la voluntad real del Estado para frenar la devastación.
