SEP gana 26 juicios contra empresas de comida chatarra en escuelas
Durante 2025, la Secretaría de Educación Pública obtuvo 26 sentencias favorables frente a los juicios de amparo promovidos por empresas que buscaban seguir vendiendo productos ultraprocesados en escuelas del Sistema Educativo Nacional. Así lo informó el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, al presentar un balance de la aplicación de los lineamientos que regulan la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas en los planteles.
Las resoluciones judiciales respaldaron la legalidad de las restricciones impuestas a productos con alto contenido de grasas, azúcares, carbohidratos y sodio dentro de los entornos escolares. De acuerdo con la SEP, el equipo jurídico acudió directamente a distintos juzgados para exponer los argumentos que sostienen la pertinencia de la medida, lo que permitió a los jueces valorar su impacto en la salud y en las condiciones de aprendizaje.
Salud escolar y litigios en curso
Según datos recopilados en Jornadas de Salud realizadas en más de 64 mil escuelas primarias públicas, cinco de cada diez estudiantes evaluados presentan problemas de sobrepeso u obesidad. Las valoraciones incluyeron a alrededor de ocho millones de alumnos y sirvieron como uno de los principales insumos para sustentar la defensa legal de los lineamientos.
El secretario de Educación Pública señaló que la política aplicada es consistente con criterios nacionales e internacionales de salud pública y con las obligaciones del Estado en materia de derecho a la salud, educación y protección de la niñez. Indicó que los pocos casos que permanecen en litigio corresponden a universidades e instituciones de educación superior y que ya fueron impugnados por la dependencia, por lo que se encuentran en espera de resolución en tribunales colegiados.
La SEP reportó que, como resultado de la implementación de los lineamientos, 86 por ciento de los planteles escolares ha eliminado la venta de comida chatarra en sus cooperativas. La dependencia considera que este avance refleja un cambio en la operación cotidiana de las escuelas y en la regulación de los alimentos disponibles para estudiantes de nivel básico, mientras continúan los procesos legales pendientes.
