China y Reino Unido se enfrentan por la “súper embajada” en Londres: espionaje, cables financieros y tensiones diplomáticas
La disputa por la construcción de una nueva embajada china en Londres ha escalado hasta convertirse en uno de los conflictos más delicados entre el Reino Unido y Pekín en los últimos años. El gobierno laborista, encabezado por Keir Starmer, volvió a aplazar la decisión sobre el proyecto hasta el 10 de diciembre, lo que provocó una dura respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, que amenazó con “consecuencias” si Londres no cumple sus compromisos.
La embajada sería la más grande de China en Europa, ubicada en el histórico sitio de la antigua Casa de la Moneda Real, muy cerca de la Torre de Londres y sobre cables de fibra óptica que transportan información financiera sensible. Ese detalle, aparentemente técnico, ha encendido las alarmas en el Parlamento británico y entre los servicios de inteligencia, que sospechan que el complejo podría utilizarse para operaciones de espionaje.
El diario The Wall Street Journal publicó un editorial en el que acusa al gobierno de Starmer de anteponer los intereses económicos frente a la seguridad nacional, recordando que apenas semanas antes se desplomó un juicio por espionaje contra dos ciudadanos británicos, Christopher Berry y Christopher Cash, acusados de filtrar información a China. El caso se cayó porque el gobierno no presentó evidencia suficiente de que Pekín fuera oficialmente considerado una amenaza para el Reino Unido.
Mientras tanto, políticos conservadores y liberales demócratas han pedido que se cancele definitivamente el proyecto. Dominic Cummings, exasesor de Boris Johnson, aseguró que los servicios secretos le advirtieron desde 2019 que China intentaba construir “un centro de espionaje debajo de la embajada”. También se reveló que los planos originales del complejo incluían zonas tachadas, lo que alimentó las sospechas sobre sus verdaderas funciones.
Pekín sostiene que el proyecto es un símbolo de cooperación diplomática y acusa a Londres de actuar “de mala fe y sin integridad”. Pero en la práctica, el tema ha reabierto el debate sobre hasta qué punto Europa —y en particular el Reino Unido post-Brexit— puede equilibrar su dependencia económica de China con las exigencias de seguridad de sus aliados occidentales.
Para los británicos, el dilema es mayor que una disputa urbanística. En el fondo, se trata de definir la posición del país ante una potencia que combina influencia comercial con estrategias de vigilancia y presión política. En este contexto, el aplazamiento de la decisión parece menos un trámite administrativo y más una pausa forzada en una relación cada vez más tensa, donde los intereses financieros, tecnológicos y diplomáticos se cruzan en un mismo punto: un terreno de 2,2 hectáreas en el corazón de Londres.
