Cuando el poder se desploma: la lista negra de expresidentes en prisión
La condena de más de 11 años impuesta a Pedro Castillo por conspiración para la rebelión vuelve a colocar a Perú en el centro del debate regional sobre expresidentes procesados. El fallido intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022 terminó con su arresto cuando buscaba asilo en la Embajada de México, y ahora también enfrenta inhabilitación y una millonaria reparación civil. Su exjefa de gabinete, Betssy Chávez, permanece asilada en México mientras continúa su proceso.
Perú ha visto a casi todos sus exmandatarios recientes enfrentarse a la justicia. Alberto Fujimori recibió 25 años de prisión por violaciones a derechos humanos y fue liberado por indulto antes de morir en 2024. Alejandro Toledo cumple más de 20 años por corrupción vinculada a Odebrecht. Ollanta Humala fue sentenciado este año a 15 años por financiamiento ilegal. Pedro Pablo Kuczynski permanece en arresto domiciliario por presunto lavado de activos y Martín Vizcarra fue condenado a 14 años por cohecho relacionado con su etapa como gobernador.
Una región marcada por juicios a exmandatarios
Brasil ha tenido casos emblemáticos. Jair Bolsonaro recibió una sentencia de 27 años por un complot para aferrarse al poder después de perder las elecciones de 2022. Fernando Collor de Mello cumple una condena por corrupción, mientras que Lula da Silva vio anuladas sus sentencias previas, aunque aún enfrenta procesos abiertos.
En Panamá, Ricardo Martinelli fue condenado a más de diez años y vive asilado tras una larga batalla judicial. En Argentina, Carlos Menem enfrentó múltiples causas sin llegar a prisión y Cristina Fernández de Kirchner tiene firme una condena a seis años de arresto domiciliario e inhabilitación perpetua.
Ecuador también ha procesado a exmandatarios: Jamil Mahuad fue condenado por el feriado bancario y vive exiliado, mientras que Rafael Correa recibió ocho años por cohecho y reside en Bélgica en calidad de refugiado. En El Salvador, Antonio Saca fue sentenciado a diez años por desvío de fondos y Mauricio Funes, juzgado en ausencia, recibió 14 años antes de morir en 2024.
Otros países han seguido caminos similares. En Bolivia, la sentencia contra Jeanine Áñez fue anulada tras pasar casi cinco años en prisión. En Honduras, Juan Orlando Hernández fue condenado en Estados Unidos a 45 años por narcotráfico. En Guatemala, Alfonso Portillo y Otto Pérez Molina enfrentaron procesos por lavado y corrupción. Y en Colombia, Álvaro Uribe vivió un giro judicial inesperado: una condena inicial a prisión domiciliaria que finalmente fue revocada.
La lista genera reflexión en toda la región, donde los ciclos políticos siguen marcados por escándalos, juicios y procesos que continúan reacomodando el mapa del poder latinoamericano.
