DEPORTADOS, NIÑOS INCLUIDOS, Y UNA FÁBRICA RECICLADA COMO CÁRCEL 🚨🧒 EL CASO QUE SACUDE A COSTA RICA
Una donación pensada para fines humanitarios terminó envuelta en un escándalo internacional. Faber-Castell, la mayor fabricante de lápices del mundo, acusó al gobierno de Costa Rica de utilizar una antigua planta industrial como centro de detención para personas migrantes deportadas desde Estados Unidos durante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
La empresa alemana cerró su fábrica en el sur de Costa Rica en 2013 por razones económicas y cinco años después donó las instalaciones al Estado, con la condición explícita de que fueran usadas como refugio y espacio de atención humanitaria para personas en tránsito por la región.
DE REFUGIO A ENCIERRO 🏗️
El acuerdo original establecía que el inmueble debía servir como albergue para migrantes, sin posibilidad de cambiar su propósito. Sin embargo, en 2025 el sitio fue convertido en el Centro de Atención Temporal para Migrantes, donde fueron recluidas unas 200 personas deportadas desde Estados Unidos, provenientes de países tan lejanos como Rusia, África y Asia.
Entre ellas había más de 70 niñas y niños. Permanecieron ahí al menos dos meses, sin libertad de movimiento y, según testimonios, sin acceso adecuado a información legal. La propia Faber-Castell afirmó que desconocía este uso hasta que fue contactada por la prensa internacional.
Organizaciones defensoras de derechos humanos documentaron que el lugar estaba diseñado para estancias breves, pero los migrantes fueron retenidos por semanas, sin una base legal clara. La Sala Constitucional de la Corte Suprema costarricense concluyó posteriormente que estas personas fueron privadas ilegalmente de su libertad y que hubo violaciones a derechos fundamentales, además de ordenar compensaciones.
El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica negó que se tratara de detenciones, argumentando razones humanitarias y de protección frente a redes de tráfico de personas. Aun así, el fallo judicial fue contundente: el encierro arbitrario, sin supervisión judicial ni asesoría jurídica, representó un riesgo grave para quienes llegaron al país en busca de protección.
UN CASO QUE RESUENA EN LA REGIÓN 🌱
Uno de los deportados, un ciudadano ruso que pidió anonimato, relató que perdió peso rápidamente y que a su familia le retiraron los pasaportes. Algunas personas intentaron salir del recinto y no se les permitió. Para ellos, el lugar funcionó como una prisión.
Hoy, el centro tiene capacidad para 300 personas y en lo que va de 2026 ha alojado a decenas más. Faber-Castell expresó su preocupación por lo ocurrido, aunque no ha informado si emprenderá acciones legales.
Desde México, este caso vuelve a poner sobre la mesa el papel de los países de tránsito frente a las políticas migratorias de Estados Unidos. La experiencia centroamericana muestra cómo decisiones tomadas en Washington impactan directamente en comunidades del sur y en personas desplazadas que ya cargan historias de violencia, pobreza o persecución.
En un continente marcado por rutas migratorias cada vez más complejas, lo ocurrido en Costa Rica plantea una pregunta incómoda: hasta dónde llegan los compromisos humanitarios cuando la presión geopolítica aprieta, y quién termina pagando el costo real de esas decisiones.
