🔥 LAS CAMIONETAS DE LUXE QUE NADIE QUISO: MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DECIDEN DEVOLVER LOS VEHÍCULOS TRAS POLÉMICA NACIONAL
En un giro inesperado que marca un precedente político, los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunciaron que no utilizarán las camionetas Jeep Cherokee de lujo recién adquiridas para su flotilla oficial. La decisión, comunicada este 25 de enero a través de las redes sociales del máximo tribunal, llega luego de días de intensa controversia pública por la compra de unidades valuadas entre 1.07 y 1.77 millones de pesos cada una. La Corte informó que solicitará “la devolución” de los vehículos o, en su caso, su asignación a “personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos”, siempre con apego a la normatividad. El anuncio será ampliado en una conferencia de prensa este lunes 26 de enero.
La polémica estalló cuando se reveló la adquisición de nueve unidades, justificada inicialmente por la SCJN bajo criterios de seguridad y una normativa interna de 2019 que establece la renovación del parque vehicular cada cuatro años. El tribunal argumentó que evaluaciones técnicas federales determinaron que los vehículos anteriores ya no cumplían con los estándares de protección requeridos, y subrayó que el número de unidades dadas de baja fue mayor al de las compradas, evitando así un “incremento neto del gasto patrimonial”. Sin embargo, el contraste entre este gasto y los discursos de austeridad resonó fuerte en la esfera pública.
💥 SHEINBAUM DEFIENDE, LA OPOSICIÓN ATACA: EL DEBATE POLÍTICO QUE OBLIGÓ AL RETROCESO
La compra recibió respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien defendió la decisión al asegurar que sustituir un contrato de renta por la compra directa generó un ahorro superior a los 1,000 millones de pesos. “Pregunté el día de ayer cuando vi la nota… nos dieron una nota informativa de que había un contrato de renta de vehículos y decidieron sustituirlo por la compra”, explicó. Por su parte, figuras oficialistas como el senador Gerardo Fernández Noroña apoyaron la medida, argumentando que los ministros “necesitan herramientas de trabajo seguras”.
No obstante, la crítica fue contundente desde la oposición. La excandidata presidencial Xóchitl Gálvez fustigó la adquisición en redes sociales: “¡No saben cómo justificar las camionetas de lujo! No importa si se rentan o se compraron, los vehículos son machuchones”. Incluso dentro del oficialismo hubo voces disonantes: el coordinador de Morena en Diputados, Ricardo Monreal, señaló que la compra “contradice los principios de la Cuarta Transformación”. Esta presión cruzada, sumada al malestar social, parece haber precipitado la decisión final de los ministros de renunciar a los vehículos, en un gesto que busca restaurar la imagen de austeridad y sensibilidad ante la opinión pública.
⚖️ ENTRE LA SEGURIDAD, LA AUSTERIDAD Y LA OPINIÓN PÚBLICA: UN DESENLACE CON PREGUNTAS PENDIENTES
El caso trasciende una simple renovación de vehículos; expone la tensión permanente entre las necesidades logísticas de las altas autoridades y la percepción de gasto suntuoso en un contexto económico complejo. Si bien la SCJN insistió en que el proceso siguió protocolos de seguridad y eficiencia presupuestal, la falta de transparencia inicial sobre los costos y la opacidad en los criterios de blindaje alimentaron la desconfianza. La pregunta que queda flotando es: ¿qué pasará con las camionetas ahora? La Corte plantea dos destinos: la devolución al proveedor o su redistribución hacia jueces en zonas de alto riesgo, una opción que, aunque plausible, deberá demostrarse con total transparencia.
Este episodio refleja cómo la rendición de cuentas en tiempo real, impulsada por redes sociales y escrutinio mediático, puede forzar rectificaciones incluso en las instituciones más cerradas. Los ministros, al ceder ante el debate público, enviaron un mensaje de contención, pero también dejaron al descubierto las fracturas políticas en torno al uso de recursos públicos. El verdadero reto será equilibrar la seguridad institucional con una gestión austera y creíble, sin que la sombra del escándalo opaque la labor judicial. La conferencia del lunes promete aclarar el camino a seguir, pero la lección ya está aprendida: en la era de la transparencia, ningún gasto público pasa desapercibido.
