Electrolitos en la mira: diputados quieren gravarlos como refrescos
Las bebidas de rehidratación como Electrolit y Suerox podrían dejar de considerarse “medicamentos” y pasar a la misma categoría fiscal que los refrescos o jugos industrializados. Legisladores del Partido Verde y del Partido del Trabajo plantearon que estas marcas, ampliamente consumidas en México, paguen IVA e IEPS y que, además, lleven sellos de advertencia sanitaria.
Actualmente, los electrolitos gozan de tasa cero en IVA y no pagan impuestos especiales, debido a que se encuentran registrados como productos medicinales. Sin embargo, datos oficiales muestran que generan ventas millonarias sin aportar a la recaudación: tan solo en 2024, Electrolit facturó más de 16,000 millones de pesos. Según legisladores, en cinco años se ha dejado de captar alrededor de 12,000 millones por este régimen fiscal.
El debate no es solo económico. Expertos en salud advierten que estos sueros contienen grandes cantidades de azúcar y sodio. Estudios comparativos revelan que pueden tener hasta 3.5 veces más glucosa que la fórmula de rehidratación recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Una botella de un litro de Electrolit aporta unas 125 calorías, 5 gramos de glucosa y altas dosis de sodio y potasio. Consumidos en exceso, podrían contribuir a obesidad, diabetes e hipertensión.
La propuesta legislativa también busca que, al modificarse su estatus legal, estas bebidas porten los sellos negros de advertencia de la NOM-051, igual que refrescos y productos ultraprocesados. Diputados del PT y del PVEM argumentan que no se trata de productos terapéuticos sino de consumo masivo, por lo que no deberían tener privilegios fiscales ni comerciales.
De aprobarse la iniciativa, el precio al consumidor subiría hasta 9 pesos por litro. El costo promedio pasaría de 33 a más de 41 pesos en 2026, un aumento cercano al 27%. Presentaciones más pequeñas también se encarecerían entre 4 y 5 pesos por botella.
La medida cuenta con respaldo de Morena y de la Secretaría de Hacienda, y forma parte de la discusión de la Ley de Ingresos 2026. Si se aprueba en el Congreso, los fabricantes tendrían un plazo de 120 días para ajustar sus etiquetas y el nuevo esquema fiscal entraría en vigor tres meses después de publicarse en el Diario Oficial.
