Diputados aprueban nueva Ley de Telecomunicaciones; oposición denuncia censura y autoritarismo
Con 369 votos a favor y 104 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual reemplaza al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y crea dos nuevas entidades: la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Tras los ajustes realizados en el Senado, el dictamen fue enviado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El proyecto original impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum generó fuertes críticas de la oposición, que la denominó “ley censura”. Sin embargo, el Senado introdujo más de 70 cambios al texto original, incluyendo la eliminación del artículo 109, que habría permitido el bloqueo de plataformas digitales. Entre los ajustes más relevantes también se destaca la sustitución de una figura unipersonal por un órgano colegiado con cinco comisionados, designados por la presidenta y ratificados por el Senado.
La CRT regulará las telecomunicaciones y la radiodifusión como servicios públicos de interés general, con independencia técnica y operativa. Tendrá la facultad de emitir Normas Oficiales Mexicanas, así como de suspender transmisiones en radio y televisión que violen los derechos de las audiencias, pero solo tras emitir un apercibimiento previo.
La ATDT será responsable de diseñar políticas públicas en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y servicios satelitales, y tendrá bajo su mando a la CRT. Además, se establece como prioridad del Estado garantizar el acceso universal a Internet de banda ancha, especialmente en edificios públicos y comunidades prioritarias.
División política y protestas en el pleno
Durante el debate, legisladores del PRI protestaron con pancartas y un ataúd blanco que simulaba el “entierro” de la libertad de expresión. Denunciaron que la nueva ley representa un intento del gobierno por consolidar un régimen de control, censura y vigilancia. El diputado Erubiel Alonso advirtió que la legislación es “un ataque directo a la libertad de prensa”, mientras que el panista Miguel Monraz acusó al gobierno de instaurar un modelo autoritario con prácticas de espionaje y censura.
En contraste, Patricia Flores, de Movimiento Ciudadano, reconoció mejoras sustanciales respecto al proyecto original. Aunque su bancada votó en contra en lo particular, afirmó que se corrigieron los excesos más preocupantes y se logró un mayor equilibrio institucional. Subrayó que “no es una ley perfecta, pero sí un avance frente a la propuesta inicial”.
Uno de los puntos más debatidos fue la posibilidad de que la Secretaría de Gobernación suspenda la difusión de publicidad extranjera en medios nacionales, con excepción de contenidos culturales, turísticos o deportivos. También se incluyó una cláusula que permite al IFT disponer de los recursos necesarios para indemnizar al personal afectado por su extinción.
Con 299 artículos distribuidos en 15 títulos y 32 transitorios, la nueva ley redefine el marco regulatorio del sector y afirma que el acceso a las telecomunicaciones es un derecho fundamental para el bienestar social. A pesar de los cambios, las críticas de diversos sectores continúan señalando riesgos de concentración de poder y restricciones a la libertad informativa.
