Nueva Ley de Telecomunicaciones pone freno a injerencias extranjeras y fortalece a las audiencias y radios comunitarias
Con una mayoría sólida, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que representa un cambio de fondo en el rumbo del sector: se elimina el viejo andamiaje del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), herencia del modelo tecnocrático, y se da paso a una nueva etapa con la creación de la Comisión Reguladora de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), a cargo de José Antonio Peña Merino.
Uno de los puntos centrales de esta legislación es la prohibición de propaganda extranjera con fines políticos, ideológicos o comerciales, lo que busca proteger la soberanía informativa del país frente a intereses ajenos. La Secretaría de Gobernación tendrá la facultad de suspender y sancionar mensajes que vulneren el marco normativo, salvo casos de contenido cultural, turístico o deportivo.
La nueva ley también fortalece el derecho de las audiencias, recuperando su papel frente al poder mediático, y otorga viabilidad financiera a las radios comunitarias, indígenas y afrodescendientes. Estas podrán recibir hasta un 10% de la publicidad oficial tanto del gobierno federal como de los estatales y municipales, sin comprometer su misión social.
Entre otras disposiciones, se establece que las empresas de telecomunicaciones deberán colaborar con las autoridades para localizar geográficamente a personas investigadas mediante sus líneas, sin requerir orden judicial, como parte de una estrategia para combatir la extorsión. Además, se exigirá CURP y datos biométricos para contratar servicios de telefonía e internet.
Desde la bancada de Morena y sus aliados, se destacó que esta legislación democratiza el acceso a las telecomunicaciones, facilita la conectividad en zonas rurales y adopta tecnologías emergentes como la conectividad satelital. La diputada Claudia Garfias (Morena) subrayó que se escucharon voces críticas durante el proceso, lo que enriqueció el dictamen final.
Por su parte, el legislador Adrián González Naveda (PT) fue enfático: “Ya no se legisla para las televisoras, ni desde la lógica del mercado; se legisla para el pueblo y desde el derecho”.
Sin embargo, la oposición —principalmente PRI y PAN— se lanzó contra la reforma, alegando riesgos de censura. El priista Rubén Moreira incluso acusó violaciones constitucionales y tensiones con el T-MEC, y protagonizó junto con su bancada un acto escenográfico con un ataúd para declarar “muerta la libertad de expresión”.
A pesar del ruido mediático y los intentos de sabotaje político, la nueva ley fue aprobada con 379 votos a favor, 104 en contra y 3 abstenciones. Con ella, el país da un paso más hacia la soberanía digital, el control público de los contenidos y el fortalecimiento del derecho a la comunicación como un bien común.
