FGR revela cómo operaba red de huachicol fiscal ligada a los hermanos Farías

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer nuevos detalles sobre la estructura dedicada al contrabando de combustible presuntamente encabezada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, quienes habrían utilizado sus influencias dentro de instituciones federales para facilitar el ingreso ilegal de hidrocarburos a México.

De acuerdo con la fiscal general, Ernestina Godoy, la investigación permitió identificar una red que intervenía en designaciones, ascensos y movimientos de personal en aduanas marítimas, la Administración Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Marina. La Fiscalía sostiene que Manuel Roberto Farías gestionaba directamente algunos de estos nombramientos.

La operación consistía principalmente en trasladar combustible desde Texas hacia México, donde era declarado como aceite o aditivo con el objetivo de modificar su tratamiento fiscal. Una vez que los buques llegaban a territorio mexicano, servidores públicos y agentes aduanales presuntamente recibían pagos para permitir el ingreso de los cargamentos.

La FGR señaló que las inspecciones eran simuladas mediante revisiones superficiales, manipulación de volúmenes y otras maniobras que permitían liberar el hidrocarburo sin una supervisión efectiva. Incluso, según las indagatorias, se establecían horarios de llegada para desactivar cámaras y evitar que quedaran registros de las descargas.

Posteriormente, el combustible era distribuido mediante empresas legalmente constituidas, mientras que otras compañías fachada y triangulaciones financieras se utilizaban para aparentar que los recursos obtenidos de las ventas tenían un origen legítimo.

La investigación también llevó a la FGR a catear una bodega presuntamente arrendada por Manuel Roberto Farías en Ciudad de México, donde fueron localizados objetos de lujo, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval, información clasificada de seguridad nacional y armas que no contaban con el registro correspondiente.

La Fiscalía indicó que las operaciones de esta red fueron identificadas en Tamaulipas, Baja California, Sonora, Colima y Ciudad de México.

El caso comenzó a tomar fuerza después del aseguramiento, en marzo de 2025, de un buque en el puerto de Altamira, Tamaulipas, que transportaba alrededor de 10 millones de litros de diésel. Para la FGR, aquel decomiso permitió descubrir que detrás del cargamento existía una estructura mucho más amplia dedicada a la importación, traslado, almacenamiento y comercialización ilegal de combustible.

Las autoridades mantienen bajo proceso a integrantes de la organización mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance de la red y la responsabilidad individual de los funcionarios, agentes aduanales y particulares presuntamente involucrados.

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