CNDH rompe con el GIEI y exime al Ejército en su nueva recomendación sobre Ayotzinapa
El organismo reconoce violaciones graves a derechos humanos, pero deslinda a las Fuerzas Armadas de los hechos ocurridos en 2014.
A casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Iguala, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido la Recomendación 208VG/2026, un extenso documento de 867 páginas que sacude el tablero del caso Ayotzinapa. En él, la CNDH no solo cuestiona duramente los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sino también los de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) y diversas organizaciones civiles.
El organismo sostiene que estas instancias impulsaron una narrativa que, lejos de aclarar los hechos, construyó una “antiverdad” destinada a señalar al Ejército como responsable de la desaparición de los estudiantes. La recomendación enfrenta dos relatos: la llamada “verdad histórica” de 2015, promovida por el entonces procurador Jesús Murillo Karam, y la versión que traslada la responsabilidad a las Fuerzas Armadas bajo la tesis de una “acción de Estado”. La CNDH subraya que ambas posturas terminan criminalizando a las víctimas y desviando el foco de la justicia.
Aunque el documento reconoce violaciones graves a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, la comisión solo clasifica como desaparecidos a 40 de los 43 normalistas, señalando que los otros tres fueron víctimas de ejecución. Entre los casos más estremecedores se encuentra el de Julio César Mondragón, hallado sin vida y con el rostro desollado.
Polémica por los archivos militares
Uno de los puntos más controversiales gira en torno a los 800 folios militares exigidos por las familias. La CNDH informó que, al requerir esta información a la Sedena, la dependencia respondió que solo existen 10 archivos vinculados al caso, correspondientes al Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala. Según la versión validada por la Comisión, el resto de los folios no pertenecen a dicha unidad, sino a la mesa de control del 27 Batallón de Infantería. Además, se precisa que el CRFI comenzó a operar hasta diciembre de 2015, 15 meses después de los hechos.
Exclusión de Sedena y Semar
A diferencia de la Recomendación 15VG/2018, este nuevo pronunciamiento se dirige a diversas autoridades federales y estatales, pero excluye explícitamente a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina. La CNDH concluyó que, aunque hubo presencia militar en Iguala durante las noches del 26 y 27 de septiembre de 2014, “no hubo participación de los elementos de la Defensa en ninguno de los eventos violentos contra los estudiantes, mucho menos la existencia de un plan de ‘contrainsurgencia’ o estrategia especial para el exterminio”. En todo caso, se acota la responsabilidad militar a omisiones individuales, por las cuales ya hay 20 elementos procesados por delincuencia organizada y desaparición forzada.
Críticas al GIEI y llamado a la soberanía
La CNDH califica como “prácticamente nulos” los resultados de búsqueda del GIEI y acusa al grupo de utilizar una narrativa sensacionalista para imponer “agendas externas”, insistiendo en una supuesta conspiración militar y obstrucción informativa por parte de la Sedena.
Origen y contexto de la nueva resolución
Esta recomendación surge a raíz de una queja presentada en junio de 2021 por padres y madres de los normalistas, tras un acuerdo con la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, para revisar la recomendación de 2018, que fue ampliamente criticada por revictimizar a los estudiantes y validar la “verdad histórica”. Con este nuevo instrumento, la Comisión busca reivindicar a las normales rurales y a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), históricamente estigmatizadas. Finalmente, la CNDH plantea la necesidad de construir una atención “nacional y soberana” del caso, sugiriendo que la intervención internacional ha contribuido a retrasar la justicia.
