FGR señala red de irregularidades y posibles acuerdos ilegales en traslado de “El Mayo” Zambada

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que el caso relacionado con el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos está rodeado de inconsistencias, posibles acuerdos al margen de la ley y acciones que habrían vulnerado la soberanía mexicana.

Durante una conferencia de prensa, la titular de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos, afirmó que las investigaciones realizadas hasta ahora muestran indicios de irregularidades en la operación que terminó con la llegada del líder criminal a territorio estadunidense.

La funcionaria sostuvo que las autoridades mexicanas han encontrado contradicciones en la información proporcionada por instancias de Estados Unidos, particularmente respecto a la aeronave utilizada para el traslado y a las circunstancias en que ocurrió el operativo.

Godoy explicó que la FGR mantiene abiertas diversas líneas de investigación y ha recurrido a los mecanismos de asistencia jurídica internacional para solicitar datos adicionales al gobierno de Estados Unidos.

Entre los requerimientos se encuentra información sobre la aeronave empleada en el traslado, el piloto que la operó y la posible participación de agencias de seguridad extranjeras.

La fiscal señaló que, de confirmarse que funcionarios o agencias estadunidenses participaron directamente en la operación sin conocimiento ni autorización de México, podrían configurarse violaciones a la legislación nacional y a los acuerdos de cooperación bilateral.

También cuestionó versiones previas que negaban cualquier intervención de autoridades de ese país en los hechos.

Asimismo, reveló que el piloto vinculado con el traslado de Zambada fue deportado inicialmente a México y posteriormente entregado nuevamente a Estados Unidos, aunque no se dieron detalles sobre su identidad ni sobre las razones específicas de ese procedimiento.

La FGR reiteró que continuará con las indagatorias para esclarecer lo ocurrido y determinar si existieron responsabilidades de servidores públicos o de autoridades extranjeras en una operación que, según la institución, presenta elementos que apuntan a posibles transgresiones legales y falta de transparencia.

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