Gobierno aclara: traslado de criminales a EE. UU. se hizo bajo la Ley de Seguridad Nacional, no por extradición

Integrantes del Gabinete de Seguridad explicaron que el traslado de 26 miembros de organizaciones criminales a Estados Unidos no se realizó mediante la Ley de Extradición, sino aplicando el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional. La medida se tomó por motivos de seguridad pública, debido a que los internos continuaban manteniendo contacto con sus grupos delictivos desde prisión y representaban una amenaza para funcionarios. Se acordó con las autoridades estadounidenses que ninguno de los 55 delincuentes entregados enfrentará la pena de muerte.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló en conferencia de prensa que estos criminales contaban con recursos legales que podrían haberles permitido liberaciones anticipadas, lo que habría representado un retroceso en la lucha contra el crimen y un agravio para las víctimas. “Esta acción se realizó para impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos. Es un acto de autoridad, resultado de la política de cero impunidad”, afirmó.

García Harfuch detalló que muchos de los ahora entregados habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad y que otros podrían haber recibido resoluciones similares, facilitando su traslado a penales estatales menos vigilados, lo que incrementaría el riesgo de que continuaran operando o incluso de fugas. Estuvo acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina-Armada de México, almirante Pedro Morales Ángeles.

Por su parte, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó que en esta entrega no se aplicó la Ley de Extradición, sino el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, al igual que en la entrega de 29 líderes criminales a Estados Unidos en febrero pasado.

Gertz Manero explicó que esta acción tiene como objetivo enfrentar a la delincuencia que opera contra ambos países, respaldándose en la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional y la Convención de Palermo. “El mensaje es claro y preciso: proteger a nuestra población y defender la soberanía de nuestros países. No habrá obstáculo legal que impida cumplir con esta tarea fundamental”, subrayó.