Vicealmirante acusado de huachicol fiscal lleva su caso a un Tribunal Colegiado
La batalla legal del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, señalado por huachicol fiscal, dio un nuevo giro luego de que su defensa interpusiera un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. El objetivo es que se analice la sentencia que confirmó su vinculación a proceso, misma que —según los abogados del militar— carece de pruebas contundentes y vulnera garantías fundamentales como el debido proceso y la presunción de inocencia.
En una tarjeta informativa difundida este martes, la defensa detalló que impugnó la resolución que negó el amparo promovido contra el auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal 325/2025. Ahora, el asunto será resuelto por el colegiado, que deberá revisar si el Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Jorge Adrián Cruz Flores, actuó correctamente al desestimar el amparo el pasado 22 de junio. Dicha resolución había confirmado lo decretado en octubre de 2025 por el juez de control Mario Martínez Elizondo.
Los argumentos de la defensa: ausencia de pruebas y violación al fuero militar
Entre los agravios expuestos en el recurso, la defensa sostiene que la resolución impugnada incurrió en violaciones constitucionales al confirmar la vinculación a proceso sin un análisis profundo de los elementos probatorios ni de los alegatos presentados.
Uno de los puntos centrales es que la imputación contra Farías Laguna se sostiene en inferencias derivadas de su jerarquía institucional, relaciones laborales, geolocalizaciones y vínculos familiares, pero sin que existan pruebas directas que acrediten su participación personal y concreta en los hechos investigados. La defensa enfatiza que ni la fiscalía ni la sentencia logran identificar una orden, instrucción o acto específico realizado por el vicealmirante que lo vincule con funciones de administración, dirección o supervisión dentro de la presunta organización delictiva.
Además, se acusa al juzgado de reproducir la narrativa de la fiscalía sin verificar la existencia de datos de prueba racionales e individualizados que justificaran la vinculación a proceso.
Otro argumento clave es la omisión del análisis del fuero militar. La defensa sostiene que, dado que la imputación se construye a partir del cargo de vicealmirante y sus funciones en la Secretaría de Marina, el caso debió ser revisado por la jurisdicción militar, conforme al artículo 13 de la Constitución. Sin embargo, el juez omitió estudiar esta posibilidad.
Cuestionamientos a las pruebas y a la narrativa fiscal
La defensa también criticó que la sentencia haya otorgado un alcance indebido a una carta atribuida a Fernando Rubén Guerrero Alcántar, al tratarla como una imputación directa contra Farías Laguna, cuando —aseguran— el documento no contiene tal señalamiento.
Asimismo, se cuestiona que la resolución validó una narrativa general sobre una presunta organización criminal sin distinguir la conducta específica atribuida al vicealmirante, y no respondió de manera efectiva a los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo.
Farías Laguna lleva 10 meses en prisión preventiva, enfrentando la causa penal 325/2025 por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.
Llamado a la Presidencia y denuncias de irregularidades
El pasado 7 de julio, la defensa difundió una octava carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que el vicealmirante aseguró que fue “mal informada” sobre el caso y que las referencias hechas durante las conferencias matutinas lo presentan como responsable, vulnerando su presunción de inocencia y generando un “efecto corruptor” sobre el proceso judicial.
En esa misiva, Farías Laguna reiteró que las imputaciones carecen de sustento y se apoyan, entre otros elementos, en un video anónimo de YouTube y en declaraciones de un testigo colaborador. También afirmó que ha solicitado diversos actos de investigación para demostrar que nunca desempeñó funciones relacionadas con la designación de personal en aduanas marítimas ni realizó las actividades que le atribuye la fiscalía.
Además, denunció que las autoridades le han negado el acceso a información clave para su defensa y reiteró su petición a la presidenta para que se respete su presunción de inocencia, se garantice el debido proceso y se permita el acceso a los actos de investigación solicitados a través de la Fiscalía General de la República.
