A 17 años de la tragedia, FGR continuará proceso penal contra exfuncionarios del IMSS por caso Guardería ABC
La decisión se produce luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara que los delitos relacionados con la tragedia constituyen violaciones graves a los derechos humanos, por lo que la acción penal no prescribe, permitiendo que el caso siga su curso judicial 17 años después de los hechos.
En un comunicado, la FGR señaló que los exfuncionarios del IMSS permanecen vinculados a proceso por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas en la modalidad de comisión por omisión, resolución que, afirmó, fortalece el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
La institución explicó que la defensa de los imputados promovió un juicio de amparo indirecto bajo el argumento de que la acción penal había prescrito y que no era aplicable el artículo 106 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Según esa postura, los delitos debían sujetarse a las reglas ordinarias de prescripción al no estar contemplados dentro de los supuestos especiales previstos para ilícitos cometidos contra menores de edad. Sin embargo, un Juzgado de Distrito negó el amparo solicitado.
Posteriormente, la defensa interpuso un recurso de revisión que llegó hasta la Suprema Corte. Al resolver el asunto, el máximo tribunal sostuvo que, debido a que los hechos representan violaciones graves a los derechos humanos, no es procedente declarar prescrita la acción penal, privilegiando el derecho a la verdad y al acceso a la justicia de las víctimas.
La resolución derivó del recurso promovido por Sergio Antonio Salazar Salazar, exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, quien buscaba revocar su vinculación a proceso al sostener que la acción penal en su contra había prescrito desde 2019.
Durante el análisis del expediente, la ministra Loretta Ortiz Ahlf concluyó que el caso debía analizarse bajo una perspectiva de derechos humanos debido a la magnitud de las afectaciones ocasionadas por el incendio.
La resolución establece que, además de las conductas atribuidas a los acusados, deben valorarse las consecuencias que tuvieron sobre diversos bienes jurídicos protegidos, entre ellos la vida, la integridad y los derechos de las niñas y niños afectados, así como los derechos de sus familiares, considerados víctimas indirectas.
Actualmente, tres personas continúan privadas de la libertad por su responsabilidad en el caso: Nohemí López Sánchez, exresponsable del área de guarderías del IMSS en Sonora; Sandra Lucía Téllez Nieves, socia propietaria de la estancia infantil; y Roberto Copado Gutiérrez, exdirector de Protección Civil Municipal de Hermosillo.
