Sheinbaum descarta plazos para extradición de Rocha y Harfuch niega blindaje federal a los acusados
En primer lugar, la mandataria federal zanjó la especulación sobre un supuesto vencimiento de plazos el próximo 27 de junio. Sheinbaum subrayó que el requerimiento estadounidense no constituye un juicio formal de extradición, sino una petición de detención cautelar, por lo que legalmente no hay un día tope para que México emita una resolución. “Si fuera una extradición formal, tendríamos plazos; en este caso, no los hay”, precisó.
La presidenta detalló que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República ya revisaron los expedientes enviados por Washington y coincidieron en que, hasta el momento, los elementos aportados resultan insuficientes para acreditar la medida. En ese sentido, advirtió que el gobierno mexicano tiene toda la facultad para negar la petición si no se presentan pruebas contundentes, y recordó que, en caso de un rechazo, la contraparte estadounidense aún podría iniciar después un proceso formal de extradición, siempre que entregue la evidencia necesaria.
Por otra parte, Omar García Harfuch fue tajante al responder sobre el presunto resguardo federal que rodea a Rocha Moya y al resto de los funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados en la acusación —que incluye cargos por narcotráfico, porte de armas y homicidio—. El titular de la SSPC afirmó que ninguno de los implicados cuenta con escoltas de instituciones federales como la Secretaría de la Defensa, la Marina, la Fiscalía General o su propia dependencia. Aclaró que la custodia que acompaña al exgobernador con licencia proviene exclusivamente de corporaciones estatales, y agregó que tampoco ha habido solicitudes formales de protección por parte de los demás acusados.
Cabe recordar que Rocha Moya pidió licencia al cargo el pasado 1 de mayo, tras hacerse pública la acusación en su contra, y compareció ante la FGR el 26 de mayo en calidad de testigo. La lista de implicados incluye, entre otros, al senador morenista Enrique Inzunza, así como exdirectivos de la policía estatal y exsecretarios del gabinete sinaloense.
